Metrò Milano, si al ricorso di un immigrato Salvini: "Giudici vadano in Marocco" - cronaca - Repubblica.itL'uomo, marocchino, era stato escluso da un concorso in base a un regio decreto
I giudici: "C'è un carattere discriminatorio nel comportamento dell'azienda"
MILANO - Il Tribunale del lavoro di Milano ha parzialmente accolto il ricorso del marocchino Mohamed Hailoua, che lamentava di non poter essere assunto dall'Atm, l'Azienda di trasporti milanese, a causa di un regio decreto del 1931 che prevede l'obbligo di cittadinanza italiana o europea per poter lavorare nel trasporto pubblico. I giudici hanno ordinato all'azienda milanese di "rimuovere la richiesta di cittadinanza italiana o europea tra i requisiti per l'assunzione".
Il ricorso era stato presentato con l'associazione Studi giuridici sull'immigrazione e la onlus "Avvocati per niente". A stretto giro il commento di Matteo Salvini, consigliere comunale ed eurodeputato della Lega Nord: "Sentenza aberrante, i giudici si trasferiscano in Marocco". Per il vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, "c'è il dubbio che la questione sia stata strumentalizzata ad arte per alzare un polverone contro Atm e, di riflesso, contro il Comune". Soddisfatti gli avvocati dell'immigrato: "Rimosso un ostacolo discriminatorio all'accesso al lavoro".
L'uomo aveva presentato reclamo contro l'ordinanza del Tribunale del lavoro di Milano che aveva respinto un suo primo ricorso. Il collegio presieduto dal giudice Chiarina Sala ha dichiarato il "carattere discriminatorio" del comportamento dell'azienda, ordinando ad Atm "la rimozione della richiesta della cittadinanza tra i requisiti di selezione delle offerte di lavoro e delle proposte di assunzione, in moduli cartacei o telematici". Il tribunale di Milano ha stabilito che la permanenza del requisito di una determinata cittadinanza, ai fini dell'assunzione, "verrebbe ad assumere i connotati di una disparità di trattamento in senso diseguale e più svantaggioso per il 'non cittadino'".
I giudici hanno quindi accolto quasi tutte le richieste del marocchino - escluso il risarcimento danni - e "accertato il carattere discriminatorio del comportamento di Atm". Quindi hanno ordinato all'azienda "la cessazione del comportamento e la rimozione della richiesta della cittadinanza tra i requisiti di selezione". Secondo i giudici, infatti, il regio decreto 148 del 1931, "è da ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui richiede la cittadinanza quale requisito di accesso al lavoro nel settore".
Il primo commento è quello della Lega Nord. Secondo Salvini, che tempo fa aveva polemicamente proposto di riservare i vagoni della metropolitana ai residenti milanesi, "la sentenza è aberrante": "E' arrivata l'ora che questi giudici si trasferiscano in Marocco - dice - dove potranno assaporare le virtù del sistema giudiziario marocchino. A Milano i mezzi pubblici dovranno essere guidati solo da cittadini italiani. Chiamerò immediatamente Elio Catania (presidente di Atm, ndr) perché Milano e i milanesi siano rispettati e tutelati e gli fornirò centinaia di curricula di aspiranti autisti lombardi".
De Corato, prende atto di una sentenza che "ribalta quanto deliberato in primo grado, segno che comunque la questione non è così chiara". Ma si dice "comunque perplesso che l'extracomunitario abbia fatto ricorso a un giudice in termini generali senza preoccuparsi di presentare la domanda di assunzione. Il che non spazza via i dubbi che la questione, che poteva essere sollevata in qualunque città d'Italia, sia stata strumentalizzata ad arte da alcuni ambienti solo per alzare un polverone contro Atm e di riflesso contro il Comune di Milano".
Prevedibile la soddisfazione degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri che rappresentavano sia il marocchino che le organizzazioni che si sono occupate del caso. "Come associazioni promotrici dell'azione - commentano "Avvocati per niente" e "Studi giuridici" - siamo estremamente soddisfatti della decisione, che viene così incontro a esigenze di uguaglianza tra lavoratori e di efficienza del sistema economico". Una smentita, spiegano, "alle tesi di quanti pretendevano di fornire assurde giustificazioni a queste barriere che qualificano gli stranieri, per il semplice fatto di essere 'non cittadini', come fonte di rischi per la sicurezza pubblica".
(21 luglio 2009)
Otras tres personas trabajaban ilegalmente en la panificadora en la que un hombre perdió el brazo en Gandia - Yahoo! Noticias
viernes, 12 de junio, 13.27
Europa Press
Otras tres personas trabajaban ilegalmente junto al inmigrante que perdió el brazo izquierdo con una máquina de amasar en una panificadora del polígono Real de Gandia (Valencia) el pasado 28 de mayo y que supuestamente fue abandonado por su jefe unos 50 metros antes de llegar al hospital porque carecía de contrato de trabajo, según informó el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta.
Así, el delegado manifestó que por las actuaciones iniciales practicadas "parece que este trabajador no era el único extranjero que carecía de afiliación y alta en la seguridad social" en la empresa, ya que había "tres personas más en esas condiciones".
Peralta señaló asimismo que le consta que esta mañana se iba a registrar la solicitud de regularización, trámite imprescindible, recordó, porque no se puede conceder de oficio, y agregó que existe "la mejor predisposición" por parte del Gobierno una vez que ésta se presente.
En cuanto a la situación de la fábrica, indicó que "el mismo día en que se produjeron los hechos se personó la inspección de trabajo en el local y empezaron las actuaciones", al igual que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, actuaciones que han proseguido.
COMPARECENCIA ANTE INSPECCION
De este modo, afirmó que inicialmente "se dictaminaron medidas de paralización de determinados equipos, algunos de los cuales habían sido manipulados por la empresa, y se cortaron otros equipos que guardaban relación con el suministro eléctrico que no ofrecían garantías y se citó a la empresa para comparecer ante la propia Inspección de trabajo y continuar las actuaciones", comparecencia que ya se ha producido, avanzó.
No obstante, señaló que no se paralizó la actividad de la empresa en su conjunto porque algunas operaciones no entrañaban riesgos.
Por ello, señaló que se ha producido una respuesta adecuada ante una conducta "que no se puede consentir de ningún modo" y emplazó a transmitir la "plena confianza en el funcionamiento de las instituciones", al tiempo que garantizó que "todo el peso de la ley, sin lugar a dudas, va a recaer en los autores de unos hechos en la medida que en los ámbitos correspondientes, judiciales o administrativos, se confirme".
Por otro lado, se refirió al inmigrante sin papeles que salvó a una anciana en un incendio en Valencia y calificó su actuación de "especialmente ejemplar", de la que el Gobierno sacará "las conclusiones oportunas", avanzó.
El Gobierno regulariza al empleado boliviano que perdió el brazo en un accidente - Yahoo! Noticias
viernes, 12 de junio, 16.04
AFP
El Gobierno anunció este viernes la regularización, "por razones extraodinarias", del trabajador boliviano en situación ilegal que perdió el brazo por un accidente laboral en una panificadora de Gandía (Valencia), cuyo propietario abandonó al herido cerca de un hospital y luego tiró el miembro amputado a la basura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también reveló que han enviado a la fiscalía un informe de los inspectores de trabajo que señala "graves deficiencias de seguridad e higiene" en la panificadora. Comisiones Obreras (CCOO) de Valencia denunció el jueves al empresario.
En su página de Internet, el sindicato afirma que, el pasado 28 de mayo, el boliviano de 33 años Franns Rilles Melgar Vargas estaba trabajando cuando, mientras manipulaba la masa de pan, quedó atrapado por una máquina en movimiento. Tras lograr detenerla, se dio cuenta de que le había amputado el brazo.
La víctima, que sigue en el hospital, trabajaba en esa empresa desde hacía dos años "con jornadas de 12 horas diarias, sin contrato y por un sueldo de 23 euros al día", según CCOO. Franns fue abandonado a 100 metros del hospital Francesc de Borja de Gandía por su empleador, que luego "regresó a la fábrica, limpió la sangre y tiró el brazo a un contenedor de basura", explicó el sindicato.
Una vez en el hospital, los médicos constataron que era imposible recuperar el brazo seccionado para intentar reimplantarlo. La Guardia Civil encontró el miembro amputado en un contenedor, según CCOO, que considera lo ocurrido como una "prueba más que fehaciente de la actitud del empresario, que después de limpiar la máquina y deshacerse del contenido, continuó trabajando", añadió el sindicato.
El Gobierno abre la puerta a la regularización del inmigrante que perdió un brazo
El ministro de Tranbajo espera que recaiga "todo el peso de le ley" sobre el empresario que abandonó a Franns Rilles
AGENCIAS - Alicante - 11/06/2009
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de regularizar al inmigrante que perdió el brazo izquierdo en una máquina de amasar en una panificadora de Gandía y que fue abandonado por su jefe a 50 metros de llegar al hospital. Rumí ha señalado que el caso puede encajar en los supuestos de regularización por razones humanitarias.
Rumí hizo estas declaraciones en Alicante, donde inauguró una jornada técnica sobre la futura ley de Extranjería, al ser preguntada por la posibilidad de regularizar la situación del herido. La secretaria de Estado destacó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias".
Atendiendo a ese supuesto, "si se solicita" la regularización, "se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que pueden" acogerse en él. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente", añadió.
Según Comisiones Obreras, otra de las condiciones que reúne Rilles es carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, así como poder demostrar la existencia de relaciones laborales "cuya duración no sea inferior a un año". El sindicato estudiará además la posibilidad de solicitar una pensión de invalidez si se reconoce la relación laboral entre el empleado, que estaba contratatado en situación irregular, y la panficadora.
Asimismo, la secretaria de Estado ha afirmado que su departamento ha requerido al Observatorio del Racismo y la Xenofobia un análisis del caso para estudiar qué medidas se pueden adoptar si se constatan los hechos. Rumí calificó de "repugnante" la conducta del empresario y manifestó que si los hechos se constatan, "puesto que está abierta una investigación, se tomarán todas las medidas que ya hoy tenemos en nuestro alcance en el ámbito legal". No obstante, añadió que prefiere "esperar a tener todos los resultados de esa investigación", para adoptar una decisión.
En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que "debe recaer todo el peso de la ley" sobre el empresario que, presuntamente, no asistió al inmigrante boliviano. Corbacho, durante una rueda de prensa en Valladolid, ha comentado que en época de crisis muchas personas "aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico" sin respetar derechos de los trabajadores. Por ello, añadió se ha incrementado en lo que va de año un 30% la labor de la Inspección de Trabajo contra "la economía irregular". "Quienes contratan tienen que saber que la Inspección será contundente", ha advertido.
Corbacho ha reiterado que espera que "recaiga todo el peso de la ley" sobre un empresario que "no le prestó la atención necesaria" al trabajador herido, al que supuestamente abandonó en las cercanías de un centro sanitario antes de arrojar el brazo amputado a un contenedor.
Investigación de la Guardia Civil
En este sentido, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido informes a la Guardia Civil y a la Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido. Según fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandía que oficie a la Guardia Civil y a la Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.
Con los informes, la Fiscalía decidirá qué actuaciones adoptará para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido un seguimento puntual por parte del ministerio público.
La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían empleados a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven de que uno de los jefes lo abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
El brazo, en la basura
El joven, de origen boliviano, que se encuentra "bien" e ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, llevaba trabajando en esa empresa de Gandia algo más de un año y medio, sin contrato de trabajo, al igual que el resto de los compañeros, según denunció su hermana, Silvia.
En el momento del accidente se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. Según su hermana, "perdió el brazo, pero la máquina podía haberlo tragado si no la hubiera apagado".
Tras el incidente, el jefe del joven lo subió a su vehículo y dijo que iba a llevarlo al hospital San Francisco de Borja de Gandia, aunque unos 50 metros antes de llegar lo obligó a bajar y lo abandonó en plena calle, "mientras perdía mucha sangre". La hermana afirma que el empresario se comportó de esta manera porque "no tenía permisos ni licencias" y, además, "tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles".
Un viandante ayudó al joven a llegar al servicio de Urgencias del hospital de Gandia, donde los médicos se pusieron en contacto con el cirujano Pedro Cavadas y su equipo para ver si le podían reimplantarle el brazo. Por este motivo, los facultativos trasladaron al joven hasta el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, donde el doctor Cavadas no pudo hacer nada por reimplantarse el brazo, puesto que éste "se encontraba en muy mal estado, ya que los empresarios, tras lo ocurrido, lo tiraron a un contenedor", denunció Silvia, quien también recordó que "limpiaron todo para no dejar restos de nada".
La Fiscalía pide informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo por el empleado ilegal que perdió el brazo - Yahoo! Noticias
jueves, 11 de junio, 10.52
Europa Press
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia ha pedido los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador inmigrante que perdió el brazo izquierdo con una máquina de amasar en una panificadora del polígono Real de Gandia (Valencia) el pasado 28 de mayo y que supuestamente fue abandonado por su jefe unos 50 metros antes de llegar al hospital porque carecía de contrato de trabajo.
Según comentaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, el fiscal de Siniestralidad de Valencia, Jaime Gil, ha requerido al fiscal de Gandia que oficie a la Guardia Civil y a Inspección informes "en la mayor brevedad posible", para determinar en qué delitos pudieron incurrir los jefes de este joven, de 33 años.
Con los informes, la Fiscalía decidirá que actuaciones adoptar para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades, indicaron las mismas fuentes, que aseguraron que por este caso se ha interesado también el fiscal de Sala de Siniestralidad, que ha pedido hacer un seguimiento puntual por parte del ministerio público.
La Guardia Civil ya detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven, de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
El joven, de origen boliviano, que se encuentra "bien" e ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, llevaba trabajando en este empresa de Gandia algo más de un año y medio, sin contrato de trabajo, al igual que el resto de los compañeros, según denunció su hermana, Silvia, en declaraciones a Europa Press.
En el momento del accidente, el joven se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. Según su hermana, "perdió el brazo, pero la máquina podía haberle tragado si no la hubiera apagado".
Tras el incidente, el jefe del joven lo subió a su vehículo y dijo de llevarlo al hospital San Francisco de Borja de Gandia, aunque unos 50 metros antes de llegar, le obligó a bajar y lo abandonó en plena calle, "mientras perdía mucha sangre". La hermana afirma que el empresario se comportó de esta manera porque "no tenía permisos ni licencias" y, además, "tenía a sus trabajadores sin contrato, sin papeles".
Un viandante fue el que ayudó al joven a llegar al servicio de Urgencias del hospital de Gandia, y una vez allí los médicos se pusieron en contacto con el cirujano Pedro Cavadas y su equipo para ver si le podían reimplantar el brazo.
Por este motivo, los facultativos trasladaron al joven hasta el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, donde el doctor Cavadas no pudo hacer nada por reimplantarse el brazo, puesto que éste "se encontraba en muy mal estado, ya que los empresarios, tras lo ocurrido, lo tiraron a un contenedor", denunció Silvia, quien también recordó que "limpiaron todo para no dejar restos de nada".
Denuncia al empresario que tiró a la basura el brazo amputado del obrero ilegal - Yahoo! Noticias
jueves, 11 de junio, 13.08
AFP
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció este jueves al empresario de Valencia en cuya panadería una máquina arrancó el brazo a un trabajador boliviano en situación irregular, por haber arrojado el miembro amputado a un contenedor de basura, tras abandonar al herido cerca de un hospital.
CCOO de Valencia indicó en su página de Internet que, el pasado 28 de mayo, el boliviano Franns Rilles Melgar Vargas, de 33 años, se dirigió como de costumbre a su empleo en una panadería industrial y, mientras manipulaba la masa, quedó atrapado por la máquina en movimiento. Tras lograr detenerla, se dio cuenta de que le había amputado el brazo.
La víctima, que sigue en el hospital, trabajaba en esa empresa desde hacía dos años "con jornadas de 12 horas diarias, sin contrato y por un sueldo de 23 euros al día", según CCOO. Franns fue abandonado a 100 metros del hospital Francesc de Borja de Gandía por su empleador, que luego "regresó a la fábrica, limpió la sangre y tiró el brazo a un contenedor de basura", explicó el sindicato.
Una vez en el hospital, los médicos constataron que era imposible recuperar el brazo seccionado para intentar reimplantarlo. La Guardia Civil encontró el miembro amputado en un contenedor, según CCOO, que considera lo ocurrido como una "prueba más que fehaciente de la actitud del empresario, que después de limpiar la máquina y deshacerse del contenido, continuó trabajando", añadió el sindicato.
Un inmigrante pierde el brazo izquierdo y su patrón lo abandona en las cercanías del hospital
La Guardia Civil tuvo que acudir a la empresa para poder recuperar el miembro amputado. "Nunca imaginé que me pudieran hacer algo así", afirma Franns Rilles
JAIME PRATS / EVA BATALLA - Valencia / Gandía - 10/06/2009
"Esto no se lo perdono". Franns Rilles Melgar pronuncia frases cortas y en un tono muy bajo, cercano al susurro. Está cansado y aturdido. Apenas lleva 24 horas fuera de la UCI, donde ha estado ingresado después de que el 28 de mayo una máquina de amasar le segara el brazo izquierdo en la panificadora donde trabaja, en Real de Gandia (Valencia), desde octubre de 2007. "Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, que fuera capaz de hacerlo", afirma Rilles, de origen boliviano y de 33 años. Los reproches van dirigidos hacia el jefe de su empresa, para quien fabricaba pan durante 12 horas al día a cambio de 23 euros diarios. Y quien tras el incidente lo subió en un vehículo hasta el hospital Francesc de Borja de Gandia y, según su relato, lo "abandonó" a 200 metros de la puerta de acceso después de lanzarle una advertencia:
-Si te preguntan, comenta que tuviste un acciente, pero no digas nada de la empresa.
En plena calle y con el hombro ensangrentado, una persona lo acompañó hasta la sala de urgencias del centro sanitario, donde, siguendo las instrucciones de su jefe, no aclaró la causa del incidente. Pero no pudo ocultarlo mucho tiempo. Debido a la inconsistencia de su relato, los médicos llamaron a la policía y entonces fue cuando explicó cómo había perdido el brazo y, sobre todo, dónde estaba. Esta información era vital para intentar recuperarlo y tratar de volver a implantárselo, la opción que se barajó al principio. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del accidente para recuperarlo. Mientras, se condujo al paciente al hospital Virgen del Consuelo de Valencia por si había alguna posibilidad de reimplantarlo, pero se deshechó la idea al estar el miembro en muy mal estado: "Los dueños lo habían tirado a la basura y habían limpiado todo para no dejar restos" apunta su hermana Silvia.
Mientras, la empresa niega los hechos. Juan Rovira, propietario de la panificadora familiar en la que trabajan también sus hijos, asegura que el trabajador "miente" en el relato de los hechos. Molesto por la repercusión de la noticia, manifestó ayer a este diario que fue su hijo quien trasladó al empleado al hospital de Gandia, y que "le dejó en manos del personal de urgencias". Según su versión, su hijo sufrió "un ataque de nervios" y fue atendido en el mismo centro médico. Rovira asegura disponer del parte médico de urgencias que corrobora su versión, y que su abogado dispone de toda la información en su defensa. El empresario sí que admite, sin embargo, que el empleado "se encontraba ilegal" y carecía de contrato. Niega asimismo que percibiera 23 euros al día y que realizara jornadas de 12 horas como denuncia el trabajador y su familia. "Cobran entre 900 y mil euros al mes, y las jornadas son de 6 a diez horas", afirmaba ayer Rovira indignado por las acusaciones del trabajador y del sindicato CCOO.
Respecto a las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral, Rovira asegura que Franns Rilles "se encontraba ebrio" en el momento de los hechos y "cayó en la máquina amasadora". El brazo, añade el empresario, según le relató su hijo que se encontraba en la fábrica cuando sucedió el accidente, "quedó en tan mal estado que decidieron meterlo en bolsas y tirarlo a la basura". No pensaron que fuera posible su recuperación para su posterior reimplantación, relata. Los responsables de la panadería industrial aseguran sentirse "tranquilos" y han buscado un abogado para su defensa en la causa.
Los hechos sucedieron el 28 de mayo, pero no fue hasta el martes pasado cuando el sindicato y la familia del trabajador decidieron hacerlo público y anunciar que CC OO se personará en el procedimiento abierto por la fiscalía por omisión de ayuda. El comportamiento del empresario "nos remueve el estómago", declaró el responsable del sindicato en la comarca de la Safor, que también denunciará a la empresa por "delito contra el derecho de los trabajadores" ya que las condiciones laborales de los operarios de la empresa eran de "explotación pura y dura", con sueldos de 23 euros por jornadas de 12 horas.
El empresario ha negado todos los hechos -dice que paga entre 900 y 1.000 euros mensuales-, excepto que se el inmigrante se encontraba en situación ilegal y que no estaba dado de alta en la Seguridad Social.
Metrò di Milano, veto al marocchino "Non può lavorare, rischio attentati" - cronaca - Repubblica.itLa risposta dei legali della società al ricorso dello straniero, in base al Regio decreto del 1931
Il vice sindaco De Corato: legge rispettata, assurde le accuse di razzismo
di MASSIMO PISA
MILANO - Non solo non poteva partecipare, in quanto privo di cittadinanza italiana, al bando Atm per fare l'operaio al reparto manutenzione. Essendo anche marocchino, i rischi erano anche altri e molto gravi. E dunque è un bene che il Regio Decreto del 1931, contestato dalla difesa di Mohamed Hailoua e messo pubblicamente in dubbio dallo stesso presidente dell'azienda Elio Catania, abbia messo certi paletti. Lo sostiene la memoria difensiva di Atm depositata dagli avvocati Alberto Rho e Claudia Muro al Tribunale del lavoro contro il ricorso presentato un mese fa dai legali del diciottenne Hailoua. Un ricorso marchiato come "sensazionalistico", un "processo alle intenzioni".
Il passaggio chiave è a pagina 41 del documento: "Il servizio di pubblico trasporto involge delicati aspetti di sicurezza pubblica, ed è particolarmente esposto, ad esempio, a rischi di attentati. È proprio di questi giorni la notizia, apparsa sulle maggiori testate giornalistiche, che cinque terroristi magrebini avrebbero organizzato un attentato nella metropolitana milanese che avrebbe dovuto realizzarsi prima delle elezioni del 2006". E ancora: "Il legame personale del cittadino allo Stato dà maggiori garanzie in relazione alla sicurezza e incolumità pubblica". Potenziale terrorista, dunque. E non conta che il posto di lavoro in questione non sia quello, delicato, del conducente. "Un'analoga delicatezza - si legge ancora - deve rinvenirsi, altresì, nell'attività di chi opera manutenzione dei mezzi, o di chi svolge, su di essi, comunque attività di tipo tecnico". Potenziale sabotatore, infine.
Una tesi destinata a sollevare ulteriori polemiche, anche se Atm, ieri sera, provava a smorzare i toni con una nota. La memoria è solo "un documento tecnico che ha come obiettivo quello di dimostrare l'azione temeraria contro l'azienda", che peraltro si dichiara "disponibile ad una revisione costruttiva del Regio Decreto che possa aprire il mercato del lavoro anche a soggetti extracomunitari per dare la possibilità, ad esempio, ad un cittadino giapponese di lavorare in un Atm Point per dare supporto" durante l'Expo.
In difesa dell'azienda si schiera il vicesindaco De Corato: "Le accuse di razzismo sono assurde, è un'operazione studiata a tavolino per farsi un po' di pubblicità. Atm rispetta una legge dello Stato dettata da ragioni di sicurezza. E che gli ultimi inquietanti episodi su progetti di attentati islamici nella metropolitana inviterebbero a non modificare", sempre in ottica Expo. Ma quanto al terrorismo, è lo stesso procuratore aggiunto Armando Spataro a puntualizzare: "La metropolitana milanese non ha corso alcun rischio nel 2006 poiché, più che un piano per un attentato, l'inchiesta della Procura di Milano ha posto in luce solo l'esistenza di un vago progetto, mai entrato neppure nella fase preparatoria".
(10 giugno 2009)
U.S. vows crackdown on illegal immigrant worker abuse | Reuters.com
Fri Jun 5, 2009 8:53pm EDT
MEXICO CITY (Reuters) - The U.S. government under President Barack Obama plans to step up prosecutions of employers who abuse illegal immigrants on the job, a senior U.S. immigration official said in Mexico on Friday.
"(There are) employers who employ illegal labor in abusive conditions, don't pay them the minimum wage, make them work hours beyond the 40-hour week work, don't pay them overtime," said John Morton, who heads the U.S. Immigration and Customs Enforcement agency.
"I intend to try to identify and prosecute those people much more vigorously than in the past," Morton told a small group of reporters at the U.S. Embassy after meeting with Mexican officials.
After just three weeks on the job, Morton traveled to Mexico to discuss security along the U.S.-Mexican border, which stretches about 2,000 miles.
Many of the estimated 12 million illegal immigrants living in the United States entered the country from Mexico.
"We are going to enforce the law, that's our responsibility. ... I intend to make sure we do that responsibly, humanely and thoughtfully," Morton said.
Morton also said his agency is committed to cooperating with the Mexican government to control the flow of money and weapons south into Mexico, where they are used to help fuel a war with drug cartels that has claimed some 2,500 lives this year alone.
(Reporting by Mica Rosenberg; Editing by Will Dunham)
Valley Park's immigration law upheld - STLtoday.com
ASSOCIATED PRESS
06/05/2009
ST. LOUIS -- A federal appeals panel has upheld Valley Park's ordinance prohibiting employment of illegal immigrants, a case that could have national implications.
A three-judge panel of the 8th U.S. Circuit Court of Appeals on Friday unanimously affirmed a lower court's ruling in favor of the city of Valley Park.
The town of 6,500 residents has been involved in court battles since passing the immigration law in 2006. A St. Louis County judge struck down the original ordinance as well as a revised one.
Then, in 2007, the city revised the law again, this time to repeal a provision prohibiting renting to illegal aliens, but keeping the provision prohibiting hiring them.
The suit was filed by the American Civil Liberties Union, which did not return phone messages seeking comment.
Sveriges Radio International - English -- Engelska
Photo: Mark Earthy/SCANPIX
Work permits can later be turned into permanent residence permits
Since Sweden introduced new rules to allow immigration for work reasons, 102 people whose application for asylum was declined, have now been given a work permit instead.
The rules were introduced in December last year, in order to make it easier for employers to recruit new staff abroad. At the same time, it became possible for former asylum seekers to apply for a work permit from within Sweden - if they do so within two weeks of having their asylum application rejected.
In total, over 500 asylum seekers have applied for this work permit. Out of them, just over 200 have been declined a permit because the applications were not filed within the stipulated two weeks. Another 110 applications have been declined because they did not fulfil the criteria regarding existing salary and employment.
The work permit can be extended for up to four years, and after that it is possible to turn it into a permanent residence permit.
One of the successful 102 applicants is Garnik Sargsyan from the northern town of Sundsvall. After nine years as an asylum seeker in Sweden, he has now got a work permit. "I cried when I was given the news", he says in an interview with the daily Dagens Nyheter.
Le Monde.fr : Imprimez un élément
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 29.05.09 | 20h12
ne cinquantaine de travailleuses d'Europe de l'Est seraient employées à la cueillette des fraises et des asperges dans des champs alsaciens dans des conditions "inhumaines" qui relèvent de "l'esclavagisme", d'après la CGT. La gendarmerie veut rester discrète sur le sujet mais a confirmé, vendredi 29 mai, qu'une enquête avait été ouverte en début de semaine.
Logées sur un terrain vague clôturé de grillage, dans des préfabriqués "ressemblant à des cages avec des sanitaires", selon la CGT, certaines d'entre elles ont été payées 6 euros pour dix jours de présence alors que le smic horaire est de 8,71 euros, a expliqué le syndicat.
Elles sont employées sur des parcelles situées à Brumath (Bas-Rhin), louées par un Allemand. Elles seraient payées entre 25 et 50 centimes le kilo ramassé "alors que la législation française prévoit un salaire minimum et le respect de la convention collective", a indiqué Jacky Wagner, le secrétaire départemental du syndicat. "En fonction de la météo, il y a des jours où les fraises ne rougissent pas et où il n'y a rien à cueillir", a-t-il ajouté.
"ON NE SAIT PAS QUAND ON SERA PAYÉ"
Le campement, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg, dispose de l'électricité ainsi que de sanitaires, de douches et de lavabos communs, a constaté sur place l'AFP. Une cuisine équipée y est également installée. Environ une cinquantaine de personnes, essentiellement des femmes originaires de Roumanie, Pologne et Ukraine, y vivent, réparties dans une dizaine de préfabriqués divisés en quatre parties pouvant accueillir deux personnes.
"Le problème ici, ce n'est pas vraiment le logement, c'est l'argent", explique Nicula, une Roumaine arrivée jeudi après avoir quitté la veille son village du centre de la Roumanie. "On ne sait pas quand on sera payé, on sait juste qu'on touche 50 centimes (d'euros) par kilo ramassé", affirme la jeune femme. "Dans une semaine, on va nous emmener travailler en Allemagne", ajoute Nicula, qui dit ne pas savoir où mais espère rentrer chez elle d'ici "deux mois".
La cueillette des asperges puis des fraises était d'abord assurée par des Roumaines qui seraient reparties parce qu'elles ne travaillaient pas assez selon leur employeur, parce qu'elles refusaient les conditions qui leur étaient faites, selon la CGT. Elles ont été remplacées depuis jeudi par des Polonaises, des Ukrainiennes et quelques compatriotes. Selon la gendarmerie, il y aurait également des Allemands.
proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des étrangers à la fonction publiqueN° 418
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 2009
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des étrangers à la fonction publique,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Éliane ASSASSI, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Josiane MATHON-POINAT, M. François AUTAIN, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Isabelle PASQUET, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE, MM. Bernard VERA et Jean-François VOGUET,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 11 février 2009, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou privées.
Ce texte qui doit encore être examiné par l'Assemblée nationale prévoit ainsi de lutter contre les discriminations à l'embauche dont sont l'objet les étrangers non communautaires. À diplôme égal, un étranger non communautaire doit en effet pouvoir exercer dans les mêmes conditions que les Français et les ressortissants communautaires qui ont, eux, accès aux professions réglementées et à la fonction publique non régalienne.
On estime que près de sept millions d'emplois sont interdits aux étrangers extra communautaires. Au total 30% de l'ensemble des emplois sont partiellement ou totalement interdits aux étrangers. Cela concerne, dans le secteur privé, environ cinquante professions qui sont plus ou moins fermées aux étrangers. Mais la plupart des emplois fermés -5,2 millions- se situent dans la fonction publique non régalienne (étatique, hospitalière et territoriale).
Il faut savoir que la condition de nationalité dans l'accès au marché du travail n'est pas sans effet sur la dynamique de l'emploi des étrangers et sur leur intégration.
Ce sont ces discriminations légales qui, en se propageant dans toute la société, finissent par entraîner des discriminations illégales.
En instituant des discriminations entre Français et étrangers et, entre communautaires et non communautaires, dans beaucoup de professions, le droit entretient l'idée selon laquelle il serait normal d'opérer des discriminations envers les étrangers, singulièrement quand ils sont extra communautaires.
La condition de nationalité explique non seulement la structure de l'emploi des étrangers lesquels restent cantonnés dans certains emplois du marché du travail alors qu'ils sont totalement absents de certains autres secteurs mais également le fait que les étrangers non européens sont deux fois plus touchés par le chômage et l'emploi précaire que les Français et les ressortissants européens.
Il n'est pas inutile de rappeler que la décision d'interdire certaines professions aux étrangers a souvent été prise pour des motifs historiquement datés. Ces interdictions ont encore été motivées par la volonté de protéger les nationaux d'une concurrence considérée comme déloyale. Elles n'ont jamais été remises en cause sauf, dans une période récente, pour les ressortissants de l'Union européenne sous la pression du droit communautaire.
Si le texte adopté par le Sénat amorce un processus d'ouverture de certaines professions libérales ou privées aux extra communautaires munis de diplômes nationaux, en revanche, les possibilités d'accès à la fonction publique non régalienne n'ont pas été élargies.
C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition, comme ils l'ont déjà fait par voie d'amendement, souhaitent donner aux étrangers non communautaires - à l'instar des étrangers communautaires depuis la loi de 1991 - la possibilité de concourir aux emplois de l'une des trois fonctions publiques.
Sans remettre en cause le statut de la fonction publique, il s'agit ici d'ouvrir les concours de la fonction publique aux personnes régulièrement établies en France c'est-à-dire celles qui ont été autorisées à résider sur notre sol et à y travailler. Sont uniquement concernées les missions non régaliennes de l'État c'est-à-dire à l'exception des emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique et ceux qui relèvent de la souveraineté nationale.
Cette disposition permettrait ainsi d'éviter les discriminations qui existent actuellement entre européens et non européens dans l'accès aux concours de la fonction publique.
Il faut savoir que si l'accès au statut de fonctionnaire est refusé aux étrangers hors UE, ceux-ci sont bien souvent recrutés pour les mêmes tâches comme auxiliaires ou contractuels mais sous des statuts précaires. Tel est le cas par exemple des étrangers recrutés comme maîtres auxiliaires de l'Éducation nationale ou des médecins étrangers qui viennent combler la pénurie de médecins français dans certains services des hôpitaux publics.
Par ailleurs, il est utile de rappeler que des postes de titulaires ont été ouverts aux étrangers extra communautaires dans les corps de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce sont des brèches qui ont été ouvertes et qui tendent à démontrer que l'exclusion des étrangers non communautaires de la fonction publique n'est pas figée.
La récente délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations qui recommande au Gouvernement de supprimer les conditions de nationalité pour accéder à un emploi tant dans la fonction publique que dans les secteurs public et privé vient confirmer la nécessité de modifier la législation en vigueur.
C'est le sens de la présente proposition de loi que les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche vous invitent à adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est ainsi rédigé :
« Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France... (le reste sans changement). »
Rosarno, arrestati tre imprenditori "Schiavizzavano i clandestini" - cronaca - Repubblica.itIndagine della direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri di Reggio Calabria
Ricercati due stranieri. Tra le accuse, induzione alla prostituzione ed estorsione
REGGIO CALABRIA - Tre imprenditori agricoli di Rosarno sono stati arrestati e due cittadini stranieri sono ricercati dai carabinieri perché accusati di far parte di una associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione della prostituzione ed estorsione.
Dall'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e condotta dai carabinieri di Rosarno, è emersa l'esistenza di una associazione, di cui i tre arrestati erano i capi, promotori ed organizzatori, dedita alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari, generalmente centro-africani, che venivano reclutati per essere impiegati nella raccolta degli agrumi nel rosarnese.
Le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce svariate storie di induzione alla prostituzione, estorsioni, maltrattamenti e violenze commesse approfittando dello stato di necessità e delle precarie condizioni di vita in cui versano i numerosi stranieri, spesso clandestini, che dimorano a Rosarno. Molte centinaia hanno trovato rifugio in una grande baraccopoli priva di ogni servizio, dotata di un unico presidio sanitario dei volontari di Medici senza frontiere.
(19 maggio 2009)
Bahrain: Labor Reforms a Major Advance | Human Rights Watch
May 13, 2009
(Beirut) - Bahrain's revision of its restrictive kafala (sponsorship) system will dramatically improve the status of most migrant workers and reduce their risk of exploitation, Human Rights Watch said today. But the protections should be extended to migrant domestic workers, who are especially vulnerable to employer abuse, Human Rights Watch said.
The kafala system ties migrants' work visas and immigration status to their employers, enabling employers to prevent workers from changing jobs or leaving the country. Human Rights Watch has repeatedly documented how this system fuels abuses such as unpaid wages, exploitative working conditions, and forced labor in countries across the region, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Lebanon.
"Most governments in the region acknowledge that the current system allows employers to abuse workers, but have wasted years debating alternatives without taking action," said Nisha Varia, deputy director of the women's rights division, who researches abuses against migrants for Human Rights Watch. "Bahrain deserves enormous credit for being the first to make concrete reforms. Other countries should follow suit."
Many countries in the Middle East that rely on low-wage workers from Asia and Africa use the kafala system. Several of these countries are also considering changes, including Saudi Arabia and Kuwait, though progress has stalled.
Bahrain's labor minister, Majeed al-Alawi, announced last week that beginning on August 1 the government's Labor Market Regulatory Authority (LMRA), rather than employers, will sponsor migrants' work visas. Migrants will be able to apply to the authority to change employers. The government will also cap the number of migrant workers entering the country.
"These reforms reduce the lopsided power balance between employers and migrant workers," said Varia. "Previously, employers could threaten migrants with deportation or seize their passports, and force them to accept lower wages. Employers now have an incentive to improve working conditions because these reforms will give workers more opportunity to choose where they work."
The reforms do not apply, though, to migrant domestic workers, whose employment visas will continue to be sponsored by their employers. Human Rights Watch research in the Middle East shows that domestic workers' isolation in private homes and exclusion from key labor protections puts them at particular risk of a wide range of abuses, from excessively long working hours to physical and sexual abuse.
"Bahrain took the first step, but they neglected the workers in greatest need of protection," said Varia. "The government should move quickly to extend the sponsorship reforms to domestic workers and to bring them under the protection of the labor law."
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